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Negar información, política sistemática del calderonismo

Posted by myarto en 28/09/2010

¿Qué se esconde cuando a un ciudadano se le niega información pública? Esa pregunta se la hacen quienes solicitan a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente que se abrió por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en la década de los 70, y la averiguación previa de la muerte de Ernestina Ascensio, indígena nahua de la sierra de Zongolica, Veracruz.
También tiene la duda el ciudadano que pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los nombres de las personas físicas y las empresas a las que se les condonaron créditos fiscales. Esa misma pregunta ronda en la mente de quien busca conocer cómo se gasta el dinero público el gobierno.
A todos ellos, la información se les negó bajo el argumento de que se trataba de “reservada o confidencial”.
Las historias de los ciudadanos que se han encontrado con pared cuando buscan datos reflejan el momento “crucial” que vive el derecho a la información en México, coinciden especialistas.
“Tanto gobierno federal como algunos gobiernos locales están levantando verdaderas murallas contra la transparencia”, señala Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación Docencia Económicas (CIDE) y especialista en acceso a la información pública.
Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derecho a la información y transparencia gubernamental, existe una “intención muy firme para revertir los avances conseguidos en transparencia”.
Lo más grave —dice— es que las acciones que se han emprendido para ponerle piedras al camino del derecho a saber, muestran que la transparencia no tiene “defensores dentro del gobierno. La verdad es que la transparencia se quedó huérfana en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa”.
Haydeé Pérez, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de la organización Fundar, explica que de dos años a la fecha existe “un embate estructural y sistémico contra todo lo que el país ha ganado en materia de transparencia”.

Avances y retrocesos
Las “murallas contra la transparencia” comenzaron a construirse con mayor afán después del 20 de julio de 2007.
En esa fecha, el movimiento ciudadano que impulsa el derecho a la información celebró que se reformara el artículo sexto de la Constitución. Con ello, el derecho a la información se elevó a garantía individual y se incluyó el principio de “máxima publicidad”, con el cual se obligaba a los gobiernos federal, estatales y municipales a proporcionar la información pública a los ciudadanos.
Esta reforma constitucional fue vista como el mayor logro en la corta historia del derecho a la información en México. Y es que éste comenzó a ser una realidad para el país en 2002, cuando se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una legislación que fue aplaudida por considerarse de vanguardia. Luego los estados comenzaron a diseñar sus propias leyes.
Sin embargo, hay datos que evidencian que las reformas al artículo sexto no han logrado que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información.
De acuerdo con el estudio Métrica de la transparencia 2010, cuyos resultados se presentaron el 9 de septiembre, por lo menos 50% de las leyes de transparencia que existen en el país no definen en forma clara cómo, cuándo y bajo qué criterios se considerará una información como “reservada o confidencial”.
Entre las acciones más representativas en contra de la transparencia —coinciden académicos— están las reformas al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, realizadas en diciembre de 2008, que permiten calificar como información “reservada” las averiguaciones previas concluidas.
Carbonell cree que hay “una estrategia jurídica de la opacidad”, porque se están usando las leyes para intentar entorpecer el desarrollo de las solicitudes de información y el trabajo de órganos garantes.
Estadísticas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) muestran que de enero al 19 de agosto de 2010, la PGR recibió mil cinco solicitudes de información; en 113 de ellas se negó a darla por considerar que era “reservada o confidencial”.
En 105 su respuesta fue “inexistencia de la información solicitada”.
Para Mauricio Merino, la PGR se ha convertido en “la protagonista de la opacidad. Ha venido oponiéndose a la labor del IFAI activamente, interponiendo recursos jurídicos para que el IFAI deje de cumplir su tarea. El enemigo jurídico del IFAI es la PGR. Y esto es impresentable en un país”.
El investigador de la UNAM Miguel Carbonell señala que en el contexto del combate al narcotráfico y la “cruzada por la seguridad” que realiza el gobierno federal, “manda un mensaje pésimo el decir vamos a combatir la inseguridad, pero confíen en nosotros porque no les vamos a dar información. Nos están pidiendo que confiemos a ciegas en lo que están haciendo. Eso no es ni democrático ni constitucional, ni siquiera legítimo. Nos están pidiendo un cheque en blanco”.

Tomada de: http://www.eluniversal.com.mx/primera/35601.html

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