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Cumple 8 años la Ley de Transparencia

Posted by myarto en 25/06/2010

Pareciera que ahora el sistema político mexicano -PAN, PRI, PRD y satélites- se arrepiente y repudian una de las pocas acciones elogiables de Vicente Fox

Por Diana Aranda
Este mes de junio, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) cumplió 8 años de vigencia en el Distrito Federal. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y entró en vigor un año después, luego de que un movimiento social denominado Grupo Oaxaca impulsara el proyecto de ley. Este grupo conformado por académicos, periodistas y organizaciones civiles logró que los ciudadanos puedan acceder a la información que se encuentra en poder del Estado. Mediante esta ley, también fueron posibles algunas notas periodísticas que documentaron el gasto público y, sobre todo, instalaron el tema en la agenda pública. El presupuesto de una escuela pública, el salario de los funcionarios, las concesiones otorgadas por el Estado, entre otras informaciones, adquirieron a partir de ese momento carácter público y deben exhibirse en las páginas de Internet de cada una de las 240 dependencias del gobierno federal. Además, todas las oficinas federales deben contar con una Unidad de Enlace encargada de atender las solicitudes de información. Las consultas se pueden hacer electrónicamente a través del portal Infomex.
La misma ley contempló la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), organismo de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión cuyo objetivo es promover el ejercicio del derecho de acceso a la información y resolver las negativas de información de los solicitantes. La información que la ley obligaba a las entidades públicas exhibir en sus páginas web, fue el primer paso que dieron periodistas y la sociedad en general para conocer oficialmente los sueldos de los funcionarios, la estructura de las dependencias, el presupuesto y cómo estaba ejercido. Es interesante observar que los casos que reprodujeron los periodistas de distintos medios de comunicación mostraron los primeros usos que tuvo la ley de transparencia.

El “Toallagate”
El escándalo conocido como “Toallagate“ publicado en el diario Milenio en junio de 2001 –antes de la aprobación de la ley– es el precedente más importante de la ley de transparencia por la revelación de la compra de toallas por 4 mil 25 pesos cada una para la residencia presidencial durante el gobierno de Vicente Fox. La información fue obtenida de la página de la Secretaría de la Contraloría en el apartado de CompraNet (Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales) publicada por el gobierno de Fox cuando decidió dar a conocer sus gastos en un intento de promover mayor transparencia del gasto público. Esta información creó una ola de indignación en la opinión pública al enterarse de los exorbitantes gastos gubernamentales, ya que se descubrió no sólo que hubo compras abusivas de utensilios, sino que durante el primer semestre del gobierno foxista se gastaron casi 70 millones de pesos de manera irregular. El reportaje de Milenio causó controversia inmediata, ya que Fox había prometido, durante su campaña electoral, encabezar un gobierno austero y frenar el gasto excesivo. Fox respondió instruyendo a Francisco Barrio, el auditor del jefe de gobierno, investigar los gastos. Barrio informó que había encontrado irregularidades incluido el sobreprecio en compras de artículos de los que no se tenía la orden de compra. Los periodistas que dieron seguimiento al caso encontraron que los negocios y direcciones que aparecían en los informes de gastos eran falsos y que los números de teléfono de esos proveedores habían sido desconectados. Fox reconoció que esos gastos agraviaron a los mexicanos y prometió que los responsables serían despedidos. Aceptó la renuncia de Carlos Rojas, el jefe del comité de adquisiciones presidenciales quien también era un viejo amigo del Presidente. Además, tres miembros del personal de Rojas renunciaron y tres más fueron suspendidos. El Presidente intentó revertir la imagen negativa de su gobierno provocada por el “Toallagate” con el argumento de que había sido iniciativa de su propia administración hacer públicos los gastos de la Presidencia aun cuando no existía ninguna obligación legal para hacerlo. A partir de este caso el gobierno recibió una gran demanda de información y los periodistas se interesaron en este recurso para obtener datos relacionados con el gasto público.

El fideicomiso secreto de Fox
Otro caso destacado es el relacionado con los head hunters y el equipo de transición de Vicente Fox y la revelación de la existencia de un fideicomiso secreto por medio del cual el entonces Presidente electo dispuso de más de 60 millones de pesos para pagos discrecionales a sus colaboradores. En septiembre de 2004, ya en plena vigencia de La ley de transparencia, el entonces periodista de La Revista, Daniel Lizárraga solicitó a la Presidencia de la República datos de los head hunters que participaron en el 2000 en la búsqueda de los miembros que conformarían el gabinete a petición del entonces Presidente electo. La Presidencia negó la información y afirmó que dentro de sus archivos no se habían encontrado documentos relacionados con los llamados head hunters contratados por Vicente Fox. El interés de Lizárraga por conocer a detalle cómo se había utilizado el dinero público para gestionar el cambio de administración persistió, por lo que ante la negativa de Presidencia presentó su recurso de revisión al IFAI, que lo respaldó en su solicitud. El reportero continuó con su investigación y también solicitó a la Secretaría de Hacienda los documentos relacionados con el ejercicio de recursos asignados al equipo de transición a cuyos integrantes se les pagaron sueldos a pesar de que aún no asumían sus puestos como servidores públicos. La respuesta de la dependencia: “información inexistente”. Se remitió el recurso de revisión al IFAI y bajo presión Hacienda avisó que habían encontrado algunos de los expedientes supuestamente inexistentes. Los funcionarios de Hacienda, obligados por la resolución del IFAI, entregaron vía correo electrónico la información solicitada por el periodista. Se entregaron recibos de honorarios y contratos por prestación de servicio a nombre de los integrantes del equipo de transición.
Once meses después de iniciada la investigación, la información fue publicada en el semanario Proceso, y no en La Revista, donde el reportero había iniciado su investigación ya que el entonces presidente y propietario de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortíz, ordenó al director de La Revista, Ignacio Rodríguez Reyna, no publicar ninguna información relacionada con el Presidente y su esposa, hasta nuevo aviso. Esta investigación publicada en Proceso reveló el depósito de un fideicomiso de un poco más de 60 millones de pesos a nombre del presidente electo, costo que asumió México para la preparación del “gabinetazo” de Fox. Por su parte, Rodríguez Reyna decidió renunciar a la dirección de La Revista al ser censurado por el dueño de la empresa.

Tomado de: http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=4050

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